El Foro de Alto Nivel CELAC-Unión Africana (Bogotá, marzo de 2026): Justicia Racial, Reparaciones Históricas y Crisis Climática

I. Introducción: El Encuentro de Dos Mundos Subalternos

En marzo de 2026, la ciudad de Bogotá fue escenario de un acontecimiento histórico que no encontró precedente en la geometría de las relaciones internacionales contemporáneas: la celebración del primer Foro de Alto Nivel entre la Unión Africana y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC). El encuentro, celebrado en el Centro de Convenciones Ágora de la capital colombiana, reunió a jefes de Estado, cancilleres, líderes de organismos regionales, representantes de movimientos sociales afrodescendientes e indígenas, académicos y activistas climáticos de dos continentes que, pese a la profundidad de sus vínculos históricos, han permanecido sospechosamente distantes en el plano diplomático formal durante gran parte del siglo XX y los primeros decenios del XXI.

La elección de Bogotá no fue casual ni puramente logística. Colombia, un país cuya población afrodescendiente supera el veinte por ciento del total y cuyas regiones del Pacífico y el Caribe concentran algunas de las comunidades negras más marginadas del hemisferio occidental, encarnaba con especial elocuencia la naturaleza misma de los temas que el foro se propuso abordar. El presidente colombiano, que había hecho de la reparación histórica y el reconocimiento de la deuda racial uno de los ejes de su agenda de gobierno, ofreció la plataforma con una vocación política explícita: situar a América Latina y el Caribe en un diálogo Sur-Sur que trascendiera los marcos tutoriales del Norte global.

Los tres ejes temáticos del foro —la justicia racial, las reparaciones históricas y la respuesta al cambio climático— no eran tres asuntos inconexos reunidos por conveniencia diplomática. Constituían, al contrario, una triada analítica coherente cuya articulación interna dependía de una premisa compartida: que las desigualdades estructurales del mundo contemporáneo no pueden comprenderse ni corregirse sin un reconocimiento explícito de su genealogía colonial. África y América Latina no llegaron a su situación actual por accidente geográfico ni por deficiencias culturales internas; llegaron a ella como resultado de cinco siglos de extracción, esclavización, colonialismo formal y neocolonialismo encubierto. Esa genealogía compartida era, al mismo tiempo, el fundamento de la solidaridad Sur-Sur que el foro intentaba institucionalizar y el objeto de las reparaciones que reclamaba.

El presente ensayo analiza en profundidad los debates y resoluciones del foro, sus antecedentes históricos e institucionales, la complejidad política de los tres ejes temáticos, las tensiones que emergieron durante las deliberaciones y las perspectivas que abre para una nueva arquitectura de la cooperación Sur-Sur en el siglo XXI.

II. Antecedentes: La Larga Historia de una Distancia Artificial

Para comprender la singularidad del foro de Bogotá, es necesario recordar cuán artificialmente separados han estado África y América Latina en el plano diplomático, pese a la densidad de sus lazos históricos y demográficos. Desde los primeros viajes forzados del comercio transatlántico de esclavos en el siglo XVI hasta las últimas remesas del siglo XIX, aproximadamente doce millones y medio de africanos fueron transportados a las Américas en condiciones de esclavización. El Brasil, las islas del Caribe, Colombia, Venezuela, Perú y las costas de América Central recibieron el grueso de esta diáspora forzada, cuyos descendientes constituyen hoy una fracción sustancial —y frecuentemente marginada— de las poblaciones latinoamericanas y caribeñas.

Sin embargo, esa conexión demográfica no se tradujo, durante la mayor parte del siglo XX, en una articulación diplomática coherente. Los estados africanos emergentes de los procesos de descolonización de los años cincuenta y sesenta miraban hacia el Movimiento de Países No Alineados, la Organización para la Unidad Africana y sus vínculos con el mundo árabe y asiático. Los estados latinoamericanos, por su parte, oscilaban entre la órbita norteamericana durante la Guerra Fría y las tentativas de integración regional que miraban hacia el interior del hemisferio antes que hacia el continente africano. Las afinidades ideológicas existían —la influencia de la Revolución Cubana en los movimientos de liberación africanos, la solidaridad de los países del MPLA angoleño con Cuba, los vínculos entre el pensamiento de Frantz Fanon y las corrientes latinoamericanas de liberación— pero se expresaban fundamentalmente a través de canales informales, intelectuales y de movimientos sociales, rara vez a través de la diplomacia estatal institucionalizada.

El siglo XXI trajo algunas tentativas de acercamiento. La cumbre de Jefes de Estado África-América del Sur (ASA), celebrada por primera vez en Abuja en 2006 y luego en Caracas en 2009, fue quizás el precedente más relevante del foro de Bogotá. La iniciativa, impulsada en gran medida por el gobierno venezolano de Hugo Chávez y por la Unión Africana bajo el liderazgo de Muammar Gadafi, intentó construir un espacio de diálogo político entre las dos regiones. Sin embargo, el proceso ASA naufragó relativamente pronto, víctima de la inestabilidad política venezolana, la muerte de Gadafi en 2011 y la ausencia de una arquitectura institucional robusta que lo sostuviera más allá de los impulsos personales de sus promotores.

La creación de la CELAC en 2011 ofreció un nuevo marco institucional latinoamericano, más inclusivo que la OEA —de la que están excluidos Cuba y que incluye a Estados Unidos y Canadá— y potencialmente más idóneo para construir una diplomacia Sur-Sur genuina. La Unión Africana, consolidada desde 2002 sobre los cimientos de la antigua OUA, representaba por su parte una institucionalidad continental africana con creciente capacidad de proyección internacional. El foro de Bogotá de 2026 fue, en ese sentido, el primer encuentro formal entre estas dos instituciones, y no simplemente entre grupos de estados, lo que le confería una dimensión institucional cualitativamente diferente a los precedentes.

III. Justicia Racial: La Agenda Que el Mundo Prefería Aplazar

El primero y más políticamente cargado de los tres ejes temáticos del foro fue el de la justicia racial. La agenda fue introducida con una claridad inusual en el lenguaje diplomático convencional: los estados participantes reconocieron explícitamente que el racismo estructural —es decir, la sedimentación institucional de jerarquías raciales construidas durante el colonialismo y la esclavitud— seguía operando en ambos continentes como un mecanismo de producción y reproducción de la desigualdad social, económica y política.

En América Latina y el Caribe, esta afirmación tenía un peso estadístico incontestable. Los datos del Banco Mundial, la CEPAL y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo mostraban sistemáticamente que las poblaciones afrodescendientes e indígenas de la región concentraban los peores indicadores en prácticamente todas las dimensiones del bienestar humano: ingresos, acceso a servicios de salud, años de escolaridad, representación política, exposición a la violencia policial y tasas de encarcelamiento. En Brasil, el mayor país de la región, los homicidios de jóvenes negros superaban con creces los de jóvenes blancos en proporción que no podía explicarse por diferencias socioeconómicas sin invocar el factor racial como variable independiente. En Colombia, las comunidades afrodescendientes del Pacífico, históricamente marginadas de las grandes inversiones de infraestructura y frecuentemente victimizadas por el conflicto armado, presentaban índices de pobreza extrema equivalentes a los de regiones subsaharianas con ingresos nacionales per cápita muy inferiores.

En el continente africano, la justicia racial tenía una dimensión adicional: la persistencia de las estructuras de poder global heredadas del colonialismo, que seguían determinando los términos del intercambio comercial, la arquitectura financiera internacional —incluidos el FMI y el Banco Mundial— y la representación de África en los organismos de gobernanza global. Los estados africanos seguían exportando materias primas a precios determinados por mercados que no controlaban, importando manufacturas y tecnologías a precios igualmente ajenos a su influencia, y accediendo a financiamiento internacional bajo condiciones que frecuentemente perpetuaban su dependencia estructural. El colonialismo formal había terminado; el colonialismo como estructura de distribución de beneficios y cargas en la economía mundial continuaba operando con notable eficacia.

El foro de Bogotá fue escenario de debates intensos sobre los mecanismos institucionales más adecuados para avanzar en la agenda de justicia racial. Tres posiciones principales emergieron durante las deliberaciones. La primera, sostenida fundamentalmente por los estados del Caribe —especialmente Jamaica, Barbados y Trinidad y Tobago, agrupados en la CARICOM— abogaba por una agenda reparatoria integral que incluyera compensaciones económicas directas de las antiguas potencias coloniales a los estados y comunidades descendientes de esclavizados. La segunda posición, defendida por varios estados latinoamericanos continentales, prefería un enfoque de justicia transformativa que priorizara políticas de acción afirmativa, reformas institucionales internas y marcos de reconocimiento constitucional de los derechos de las comunidades afrodescendientes, antes que reclamaciones directas frente a potencias externas. La tercera posición, articulada principalmente por delegaciones africanas de la Unión Africana, insistía en la necesidad de reformar las instituciones de gobernanza global —el Consejo de Seguridad de la ONU, el FMI, la OMC— como condición estructural para cualquier avance significativo en la justicia racial internacional.

Lo notable del foro fue que estas tres posiciones no se excluyeron mutuamente en el documento final. La Declaración de Bogotá reconoció la legitimidad de todas ellas y estableció grupos de trabajo específicos para cada una, con un mecanismo de seguimiento conjunto CELAC-UA que se reuniría bienalmente. Esta arquitectura de compromisos múltiples reflejaba tanto la madurez política de los participantes como la complejidad real de un fenómeno que no admite una sola palanca de transformación.

IV. Reparaciones Históricas: La Deuda que los Números No Alcanzan a Cuantificar

El debate sobre reparaciones históricas fue, sin duda, el más tenso y el más filosóficamente rico del foro. Ningún otro tema generó tantas intervenciones apasionadas, ningún otro concentró tantas contradicciones entre los propios estados del Sur global.

La reivindicación reparatoria tiene una historia intelectual y política larga. En el contexto afroamericano de Estados Unidos, figuras como W.E.B. Du Bois, Marcus Garvey, Malcolm X y, más recientemente, Ta-Nehisi Coates habían argumentado con distintos registros y con distinto grado de especificidad política la legitimidad de alguna forma de compensación por la esclavitud y la segregación. En el Caribe, la Comisión Reparatoria CARICOM, establecida en 2013, había elaborado un plan de diez puntos que incluía desde una disculpa formal de los estados europeos responsables de la esclavitud hasta transferencias de tecnología, cancelación de deudas y programas de educación y salud pública. En el continente africano, el debate sobre reparaciones se había cruzado frecuentemente con el de la restitución de bienes culturales saqueados durante el colonialismo —el caso del Museo Británico y los Mármoles del Partenón, el debate sobre las máscaras del Benín en museos europeos— así como con reclamaciones más directamente económicas frente a antiguas potencias coloniales.

En el foro de Bogotá, el debate reparatorio adquirió varias dimensiones que merecen ser analizadas por separado.

La primera fue la dimensión filosófica y jurídica: ¿qué tipo de obligación moral y legal tienen los estados contemporáneos por los crímenes cometidos por sus predecesores? Los defensores de las reparaciones argumentaron que la continuidad jurídica del estado —principio bien establecido en el derecho internacional público— implica también una continuidad de responsabilidades. El Reino Unido contemporáneo es el sucesor jurídico del Imperio Británico que esclavizó millones de personas; España contemporánea es la sucesora del Imperio que colonizó y saqueó las Américas durante tres siglos. Esa continuidad jurídica no se interrumpe por el transcurso del tiempo ni por la alternancia de gobiernos. Los críticos de esta posición, procedentes principalmente de delegaciones europeas que participaron en algunas sesiones como observadoras, replicaron que la imputación de responsabilidad colectiva intergeneracional planteaba problemas filosóficos serios: los ciudadanos alemanes o británicos o españoles actuales no eligieron las políticas de sus predecesores coloniales y no pueden ser considerados moralmente responsables de acciones en las que no tuvieron participación. La réplica de los delegados del Sur fue contundente: el argumento de la inocencia individual no exime a los estados de su responsabilidad colectiva, de la misma manera en que Alemania no dejó de ser responsable de las reparaciones a las víctimas del nazismo por el hecho de que la mayoría de los alemanes contemporáneos no participaron personalmente en el Holocausto.

La segunda dimensión fue la económica: ¿cómo cuantificar una deuda que se acumuló durante siglos y cuyas ganancias fueron sistemáticamente reinvertidas en la industrialización del Norte global? Economistas como Randall Robinson y varios académicos de las universidades de Lagos, Nairobi y São Paulo presentaron cálculos que, con metodologías distintas, convergían en cifras astronómicas. El trabajo forzado no remunerado de los esclavizados en las plantaciones caribeñas y nordestinas del Brasil, los recursos minerales extraídos de África durante el colonialismo, la deuda de los estados poscoloniales heredada de empréstitos impuestos por las potencias coloniales —el caso emblemático de Haití, obligada a pagar una indemnización a Francia por la pérdida de sus «propiedades» esclavistas durante la revolución, deuda que no terminó de saldar hasta 1947— constituían una masa de transferencias de riqueza cuya magnitud agregada superaba con creces cualquier cifra que se hubiera discutido seriamente en foros internacionales.

La tercera dimensión fue la política: ¿están los estados del Norte global dispuestos a asumir siquiera el principio de una responsabilidad reparatoria? La respuesta, implícita en la ausencia de representación de alto nivel europea o norteamericana en el foro, era negativa. Lo que el encuentro de Bogotá intentó construir fue, precisamente, una coalición Sur-Sur lo suficientemente coherente y numerosa como para presionar colectivamente por este reconocimiento en foros multilaterales como la Asamblea General de las Naciones Unidas, el G20 y las próximas Cumbres del Clima. La Declaración de Bogotá estableció un principio explícito: las reparaciones no eran una cuestión de caridad ni de generosidad voluntaria de los estados ricos, sino una obligación jurídica y moral derivada de daños históricamente documentados y económicamente cuantificables.

V. Cambio Climático: La Injusticia que Llega del Cielo

Si la justicia racial y las reparaciones históricas representaban las deudas del pasado, el cambio climático representaba la deuda que se estaba acumulando en tiempo real, con consecuencias que amenazaban desproporcionadamente a las regiones y poblaciones que menos habían contribuido a la crisis.

Los datos que los expertos climáticos presentaron ante el foro eran devastadores en su precisión. El continente africano, responsable de apenas el cuatro por ciento de las emisiones históricas acumuladas de gases de efecto invernadero, concentraba sin embargo algunas de las regiones más vulnerables del planeta a los efectos del calentamiento global: el Sahel, en proceso de desertificación acelerada; el Cuerno de África, azotado por sequías cada vez más frecuentes e intensas; las costas bajas de África Oriental, amenazadas por el ascenso del nivel del mar; los grandes lagos del Rift, en proceso de reducción. América Latina, responsable de alrededor del nueve por ciento de las emisiones globales, albergaba al mismo tiempo algunos de los ecosistemas más vulnerables del planeta: la Amazonia, amenazada por la deforestación y las temperaturas crecientes hasta un punto de no retorno que, según los modelos del IPCC, podría alcanzarse a mediados del siglo XXI; el sistema de glaciares andinos, cuya reducción amenazaba el suministro de agua de decenas de millones de personas en Bolivia, Perú, Colombia y Ecuador; los arrecifes de coral del Caribe, en proceso de blanqueamiento masivo.

La convergencia de estas vulnerabilidades en el foro de Bogotá generó una dinámica política inédita. Los delegados africanos y latinoamericanos descubrieron rápidamente que sus posiciones ante la negociación climática internacional eran mucho más próximas entre sí que con cualquier agrupación del Norte global. Todos compartían la posición de que el principio de «responsabilidades comunes pero diferenciadas» —establecido en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 1992— había sido sistemáticamente erosionado en las sucesivas rondas de negociación climática, en las que los países desarrollados habían logrado diluir sus compromisos mientras exigían a los países en desarrollo asumir los costos de una transición energética cuya urgencia era fundamentalmente consecuencia de las emisiones históricas del Norte.

El foro abordó tres aspectos específicos de la agenda climática que merecen mención separada.

El primero fue el de la financiación climática. Los compromisos adoptados en la COP de los años anteriores —incluido el objetivo de movilizar cien mil millones de dólares anuales de financiación climática para países en desarrollo, objetivo que los países desarrollados habían incumplido consistentemente durante más de una década— fueron objeto de crítica explícita en el foro. Los delegados africanos señalaron que buena parte de la «financiación climática» contabilizada por los países ricos consistía en realidad en préstamos concesionales que agregaban deuda a los estados receptores, no en transferencias de capital que les permitieran financiar la transición sin incrementar su vulnerabilidad fiscal. Se reivindicó un mecanismo de financiación climática basado en donaciones no reembolsables, gestionado de manera equitativa y sin las condicionalidades que frecuentemente acompañaban los créditos del FMI o del Banco Mundial.

El segundo aspecto fue el de las pérdidas y daños. El fondo de Pérdidas y Daños establecido en la COP27 de Sharm el-Sheikh en 2022 había sido presentado como un avance histórico, pero su capitalización efectiva seguía siendo insuficiente y sus mecanismos de acceso excesivamente burocráticos para muchos de los estados más vulnerables. Los pequeños estados insulares del Caribe, presentes en el foro a través de la CARICOM, describieron con dramatismo la manera en que huracanes de categoría cinco, eventos que hace veinte años eran extraordinarios, se habían convertido en parte del ciclo anual de destrucción y reconstrucción de sus infraestructuras. El costo acumulado de esta destrucción —expresado no solo en términos económicos sino en términos de vidas, cultura y tejido social— constituía, argumentaron, una forma contemporánea de injusticia que se superponía y amplificaba las injusticias históricas de la esclavitud y el colonialismo.

El tercer aspecto fue el de la deforestación y la soberanía sobre los recursos naturales. Los países amazónicos presentes en el foro —Brasil, Colombia, Perú, Bolivia, Ecuador, Venezuela y Guyana— expresaron una posición que generó debate intenso: la conservación de los bosques tropicales, exigida por la comunidad internacional como contribución a la estabilización climática global, no podía imponerse como obligación unilateral a los estados que albergaban esos bosques sin reconocer simultáneamente el valor de los servicios ecosistémicos que prestaban y sin compensar económicamente a esos estados y a las comunidades locales que los habitaban. Esta reclamación conectaba directamente con el argumento reparatorio: si el Norte global había acumulado su riqueza destruyendo sus propios bosques e industrializándose sin restricciones durante dos siglos, no podía ahora exigir al Sur global que sacrificara su desarrollo en aras de un bien global del que todos se beneficiaban pero del que solo el Sur asumía los costos.

VI. Tensiones Internas: El Sur Global No es Homogéneo

Una de las contribuciones más valiosas del foro de Bogotá fue precisamente su honestidad respecto a las tensiones y contradicciones internas del campo Sur-Sur. La solidaridad entre los dos continentes no implicaba homogeneidad de intereses ni ausencia de fricciones, y los debates del foro revelaron varias líneas de fractura que merecen atención analítica.

La primera línea de fractura fue la que separaba a los estados exportadores de petróleo de los estados más vulnerables al cambio climático. Varios países africanos —Nigeria, Angola, Gabón, el Congo— y algunos latinoamericanos —Venezuela, Brasil— dependían de los ingresos del petróleo y el gas para financiar sus presupuestos públicos y sus programas sociales. La transición energética acelerada que reclamaban los pequeños estados insulares del Caribe y las delegaciones de los países con mayor vulnerabilidad climática amenazaba directamente los ingresos de estos estados petroleros. La tensión entre «justicia climática» y «justicia del desarrollo» —es decir, el derecho de los países más pobres a industrializarse utilizando sus propios recursos energéticos— fue uno de los debates más incómodos del foro.

La segunda línea de fractura fue la que separaba a los estados con gobiernos progresistas de los que tenían orientaciones más conservadoras. CELAC es una organización que incluye a estados de muy diversas orientaciones políticas, desde las democracias de izquierda de Colombia, Bolivia o México hasta los gobiernos más conservadores de Paraguay o Ecuador. La Unión Africana, por su parte, incluye desde democracias relativamente consolidadas hasta regímenes autoritarios de diverso signo. Esta heterogeneidad hacía que el consenso fuera difícil en asuntos políticamente sensibles, y que la agenda más ambiciosa —especialmente en materia de reparaciones y reforma de las instituciones financieras internacionales— encontrara resistencias no solo del Norte global sino también de algunos miembros del propio Sur.

La tercera línea de fractura fue la que separaba las agendas de los estados de las agendas de los movimientos sociales. El foro incluyó, de manera innovadora, sesiones paralelas con representantes de organizaciones afrodescendientes, indígenas, campesinas y ambientalistas de los dos continentes. Esas sesiones produjeron declaraciones que en muchos aspectos iban más lejos que las posiciones oficiales de los estados, reclamando no solo reparaciones económicas sino transformaciones estructurales del modelo de desarrollo, reconocimiento de la plurinacionalidad y el buen vivir como alternativas al desarrollo extractivista, y una arquitectura de gobernanza global radicalmente democratizada. La relación entre estas demandas y los compromisos alcanzados por los estados en las sesiones plenarias fue una de las tensiones productivas del foro.

VII. La Declaración de Bogotá: Compromisos, Limitaciones y Proyecciones

El documento final del foro —la Declaración de Bogotá sobre Justicia Racial, Reparaciones Históricas y Acción Climática— fue adoptado por consenso el último día del encuentro, en una sesión plenaria que clausuró el Presidente de Colombia y el Presidente de la Comisión de la Unión Africana.

El documento reconocía, en su preámbulo, la «deuda histórica, moral y económica» que las potencias coloniales mantenían con los pueblos de África y la diáspora africana en las Américas. Era la primera vez que un documento diplomático de este nivel recogía ese lenguaje con tal precisión. El cuerpo de la Declaración establecía varios compromisos concretos.

En materia de justicia racial, los estados se comprometían a revisar sus marcos legales internos para eliminar disposiciones discriminatorias, a adoptar o fortalecer políticas de acción afirmativa para comunidades afrodescendientes e indígenas, y a establecer mecanismos de monitoreo de los indicadores de equidad racial con periodicidad bienal.

En materia de reparaciones, los estados acordaban presentar conjuntamente ante la Asamblea General de las Naciones Unidas una resolución que solicitara la creación de un Grupo de Expertos de Alto Nivel sobre Reparaciones Históricas, con mandato para documentar los daños del colonialismo y la esclavitud, cuantificar sus efectos económicos acumulados y elaborar propuestas de mecanismos reparatorios que pudieran ser considerados en un foro multilateral amplio. Era un compromiso más modesto de lo que los movimientos más radicales habrían deseado, pero significativamente más ambicioso de lo que la mayoría de los observadores esperaba.

En materia climática, los estados acordaban coordinar sus posiciones en las próximas rondas de negociación de la CMNUCC, reclamar conjuntamente la reforma del Fondo de Pérdidas y Daños, impulsar la creación de un mecanismo de transferencia tecnológica Sur-Sur en energías renovables y establecer un grupo de trabajo conjunto para explorar la posibilidad de un mercado de carbono Sur-Sur que no reprodujera las asimetrías del mercado de carbono gestionado por los países del Norte.

Las limitaciones de la Declaración eran también evidentes. En primer lugar, los compromisos carecían, en su mayoría, de mecanismos de ejecución vinculantes y de calendarios precisos. En segundo lugar, la ausencia de los principales países deudores —las potencias europeas y los Estados Unidos— del proceso significaba que las reclamaciones reparatorias se producían, por el momento, en un espacio donde el acreedor hablaba consigo mismo, sin que el deudor estuviera formalmente presente. En tercer lugar, las diferencias internas al campo Sur-Sur —sobre energía, sobre el ritmo de la transición, sobre las prioridades de desarrollo— seguían sin resolverse y amenazaban con erosionar la coherencia de la coalición en futuros foros multilaterales.

VIII. Dimensión Cultural y Epistémica: El Diálogo de Civilizaciones que Nadie Convocó

Un aspecto del foro que recibió menos cobertura en los medios de comunicación internacionales pero que fue, para muchos participantes, uno de los más significativos fue el debate sobre las dimensiones culturales y epistémicas de la agenda Sur-Sur.

Varios intelectuales africanos y latinoamericanos, presentes en las sesiones académicas paralelas al foro diplomático, plantearon una cuestión que va más allá de la redistribución económica y las reformas institucionales: ¿qué marcos conceptuales, qué epistemologías, qué visiones del mundo deberían orientar la construcción de un orden internacional más justo? La pregunta era pertinente porque las herramientas analíticas dominantes en la negociación internacional —el análisis costo-beneficio, el crecimiento del PIB como indicador de desarrollo, los modelos de equilibrio general aplicados a la economía climática— eran en sí mismas productos de una tradición intelectual específica, la del liberalismo económico occidental, que no necesariamente capturaba los valores, los horizontes temporales y las concepciones de bienestar de las comunidades afrodescendientes e indígenas.

El pensamiento del Buen Vivir, desarrollado principalmente en las cosmovisiones andinas y amazónicas, ofrecía una alternativa radical al paradigma del desarrollo extractivista: el bienestar de las comunidades no podía medirse únicamente por indicadores de consumo o ingreso, sino que dependía de la integridad de los ecosistemas, la solidez de los lazos comunitarios, el respeto a los saberes ancestrales y la armonía con los ritmos de la naturaleza. Los filósofos ubuntu del África subsahariana —cuya premisa fundamental es que «yo soy porque nosotros somos»— ofrecían una concepción de la persona y de la comunidad radicalmente distinta del individualismo liberal que subyacía a los marcos de negociación del derecho internacional.

La convergencia de estas tradiciones filosóficas no era automática ni exenta de diferencias internas. Pero la discusión sobre ellas en el marco del foro de Bogotá señalaba una ambición que trascendía la diplomacia ordinaria: la construcción de un marco normativo compartido entre los pueblos del Sur que no fuera simplemente una versión negociada del paradigma occidental, sino el resultado de un diálogo genuino entre tradiciones intelectuales que habían sobrevivido a la colonización precisamente por su resistencia a ser completamente absorbidas por ella.

IX. Geopolítica del Foro: Lo que No Se Dijo

Ningún análisis del foro de Bogotá sería completo sin atender a sus dimensiones geopolíticas implícitas, especialmente en lo que respecta a la creciente influencia de China en ambos continentes.

China era, en 2026, el principal socio comercial tanto de África como de América Latina. Sus inversiones en infraestructura a través de la Iniciativa Belt and Road habían transformado el paisaje logístico de varios países africanos. Sus empresas mineras y agroindustriales operaban en el Congo, Zambia, Mozambique, Ethiopia, Argentina, Brasil y Chile. Su modelo de cooperación —frecuentemente presentado como una alternativa al modelo condicionalidad-del-Norte, pero igualmente cuestionado por sus propias asimetrías y su opacidad— era una presencia implícita pero omnipresente en las discusiones sobre la arquitectura financiera internacional.

El foro no adoptó posición explícita sobre China, lo cual era en sí mismo una posición. Varios delegados africanos señalaron en reuniones informales que la retórica sobre la reforma de las instituciones financieras internacionales perdía credibilidad si no se aplicaba también al escrutinio de los instrumentos de financiación chinos, que incluían cláusulas de confidencialidad, mecanismos de resolución de disputas favorables al prestamista y activos estratégicos —puertos, minas, infraestructuras— como colateral. La tensión entre la necesidad de financiación para el desarrollo y la soberanía sobre los recursos y las decisiones nacionales no era privativa de las relaciones con el Norte global; afectaba también a la relación con China.

Esta tensión, aunque no resuelta en el foro, señalaba la complejidad del mundo multipolar emergente y la necesidad de que el Sur global construyera su propia agenda, no como aliado automático de ninguna potencia —ni del Norte liberal ni del Este autoritario— sino como actor colectivo con intereses y valores propios.

X. Perspectivas: ¿Puede Bogotá ser el Principio de Algo?

La historia de los foros internacionales de alto nivel está llena de declaraciones ambiciosas que no tuvieron seguimiento, de compromisos que se evaporaron con el cambio de ciclo político en los países participantes, de arquitecturas institucionales que resultaron ser cáscaras vacías. ¿Puede el foro de Bogotá escapar a este destino?

Hay razones para el escepticismo. La arquitectura institucional de seguimiento acordada —un secretariado técnico conjunto CELAC-UA con sede rotatoria, grupos de trabajo temáticos, reuniones bienales de cancilleres— era más sólida que la de los precedentes (como el proceso ASA), pero seguía dependiendo de la voluntad política de los gobiernos participantes, que en algunos casos cambiarían en el corto plazo. La ausencia de mecanismos de ejecución vinculantes debilitaba el valor jurídico de los compromisos adoptados. Y la heterogeneidad política interna del campo Sur-Sur —que incluía tanto democracias progresistas como regímenes autoritarios, tanto estados comprometidos con la transición energética como economías dependientes del petróleo— amenazaba la coherencia necesaria para operar como bloque en foros multilaterales.

Pero hay también razones para el optimismo cauto. La coyuntura global de 2026 era distinta a la de 2006 o 2009, cuando el proceso ASA naufragó. El multilateralismo estaba en crisis, pero precisamente esa crisis abría espacios para nuevas arquitecturas de cooperación que no dependieran de las instituciones del orden liberal de posguerra. El movimiento global por la justicia racial, catalizado por los eventos de 2020 y sus ondas expansivas, había creado en los dos continentes una masa crítica de ciudadanos y movimientos sociales que presionaban a sus gobiernos para que tradujesen el discurso en política concreta. La crisis climática, cuyos efectos se hacían cada vez más tangibles y cotidianos en las regiones más vulnerables de los dos continentes, creaba incentivos para la acción colectiva que no dependían de la ideología política de los gobiernos sino de la urgencia física de los fenómenos.

Y quizás lo más importante: el foro de Bogotá había demostrado que el diálogo era posible, que los marcos conceptuales existían, que los actores —estados, organismos regionales, movimientos sociales, intelectuales— tenían voluntad de construir juntos algo que no había existido antes. Eso no era suficiente para transformar el mundo, pero era un comienzo.

XI. Conclusión: Bogotá como Síntoma y como Proyecto

El primer Foro de Alto Nivel CELAC-Unión Africana celebrado en Bogotá en marzo de 2026 fue, al mismo tiempo, un síntoma y un proyecto. Síntoma, porque la sola existencia del encuentro señalaba la profundidad del descontento de los pueblos del Sur global con un orden internacional que seguía distribuyendo desproporcionadamente las cargas de la historia y del presente sobre las espaldas de quienes menos habían contribuido a construirlo. Proyecto, porque la Declaración de Bogotá, con todas sus limitaciones, esbozaba la posibilidad de una coalición Sur-Sur suficientemente cohesionada como para reclamar un lugar diferente en esa distribución.

La justicia racial, las reparaciones históricas y el cambio climático no eran, en el fondo, tres temas distintos. Eran tres dimensiones del mismo problema fundamental: la distribución desigual del poder, la riqueza y los riesgos en un mundo cuya arquitectura presente no puede comprenderse sin su historia colonial. Bogotá 2026 no resolvió ese problema. Pero lo nombró con una claridad que los foros diplomáticos convencionales frecuentemente evitan, y comenzó a construir los instrumentos políticos e institucionales para abordarlo.

En una época en la que el multilateralismo parece fracturado y el unilateralismo de las grandes potencias amenaza con reemplazarlo, la apuesta por un multilateralismo Sur-Sur —imperfecto, contradictorio, pero genuinamente horizontal— puede ser una de las pocas alternativas viables al mundo de suma cero que ciertos actores globales intentan construir. Si el foro de Bogotá consigue consolidarse como institución periódica y coherente, si los grupos de trabajo producen resultados tangibles, si la coalición CELAC-UA opera efectivamente como bloque en la Asamblea General de la ONU y en las próximas cumbres climáticas, entonces el encuentro de marzo de 2026 habrá sido algo más que un gesto simbólico.

Lo que África y América Latina comparten no es solo el dolor de una historia colonial compartida. Es también, y quizás fundamentalmente, la imaginación política para concebir futuros distintos. El foro de Bogotá fue, en ese sentido, un ejercicio de esa imaginación. Y las imaginaciones, cuando se expresan en voz alta y en compañía, tienen a veces la misteriosa capacidad de volverse reales.