Las sanciones estadounidenses van dirigidas contra una red que recluta combatientes extranjeros para las Fuerzas de Apoyo Rápido en Sudán.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos ha impuesto nuevas sanciones a cinco individuos y entidades, acusados de participar en el reclutamiento y envío de combatientes extranjeros —especialmente de Colombia— para luchar junto a las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) en la guerra en curso en Sudán.
Los nombres más destacados objeto de las sanciones:
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Alvaro Andres Quijano Becerra: Oficial colombiano retirado, considerado la figura central en la red de reclutamiento y envío de combatientes a Sudán.
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Claudia Viviana Oliveros Forero: Esposa de Quijano y cofundadora de las empresas de empleo utilizadas en las operaciones de reclutamiento.
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Jose Oscar Garcia Batte: Excoronel del ejército colombiano y propietario de una empresa de reclutamiento que jugó un papel principal en la captación de combatientes.
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Jose Libardo Quijano Torres: Director nominal de una empresa alternativa utilizada para continuar las operaciones de reclutamiento tras la imposición de sanciones previas.
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Omar Fernando Garcia Batte: Funcionario administrativo y socio en la gestión de la red de reclutamiento vinculada a las operaciones.
Las entidades y empresas incluidas:
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International Services Agency (A4SI): Empresa de empleo con sede en Colombia, especializada en la captación de francotiradores y operadores de drones para combatir en Sudán.
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Talent Bridge S.A. (Panamá): Intermediario financiero y administrativo para encubrir la relación entre las empresas de reclutamiento y las entidades financiadoras.
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Fénix Human Resources S.A.S.: Entidad alternativa creada para continuar la actividad tras la inclusión de A4SI en la lista de sanciones.
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Global Qowa Al-Basheria S.A.S. (GQAB): Empresa de reclutamiento vinculada directamente a José García Batte, que contribuyó al envío de combatientes a Sudán.
Antecedentes:
El Departamento del Tesoro afirma que esta red ha contribuido al traslado de cientos de excombatientes colombianos para luchar en Sudán desde 2024, donde han participado en varias batallas, incluidas las batallas de la ciudad de El Fasher.
Estas sanciones se enmarcan en la Orden Ejecutiva 14098, que apunta a individuos y entidades que desestabilizan Sudán, en medio de la guerra continua entre el Ejército de Sudán y las Fuerzas de Apoyo Rápido desde abril de 2023.




