Medio ambiente, conflicto y paz en Sudán: una lectura de un informe que revela lo que el humo ha ocultado

Cuando la tierra se convierte en parte de la guerra

Existe una ilusión arraigada que habita en las mentes de muchos de los que se ocupan de los asuntos humanitarios, según la cual la guerra se libra entre seres humanos, y que la naturaleza es un testigo silencioso de lo que sucede, no un actor en la ecuación. El informe “Medio ambiente, conflicto y paz en Sudán: de la respuesta a la recuperación”, publicado en octubre de 2025 por el Observatorio de Conflictos y Medio Ambiente (CEOBS) en colaboración con el Mecanismo de Sensibilidad al Conflicto (CSF), llega para demoler esta ilusión desde sus cimientos, demostrando que la tierra, el agua, el bosque y el pastizal no son un mero telón de fondo para la escena, sino partes en el conflicto, herramientas en manos de los beligerantes y víctimas silenciosas cuyas heridas se acumulan a través de las generaciones.

El informe no se limita a describir el panorama medioambiental sudanés en tiempos de guerra, sino que va a algo más profundo y perturbador: aborda la relación entre la degradación medioambiental y el estallido del conflicto, y muestra cómo décadas de políticas de agotamiento, saqueo por parte de las élites y negligencia sistemática de las estructuras locales han allanado el terreno para la catástrofe humanitaria que presenciamos hoy, una catástrofe que no tiene parangón en magnitud en ningún otro lugar de la Tierra. Al mismo tiempo, se abstiene de caer en la atractiva trampa de la simplificación que afirma que el clima es el único motor del conflicto, advirtiendo que tal marco conceptual incita a eximir a las élites políticas de su responsabilidad y a arrojar todo el peso sobre los hombros de la naturaleza.

Esta lectura no es un mero resumen fiel de lo expuesto en el informe, sino un cuestionamiento analítico de sus resultados, enfoques e implicaciones, tanto en lo que respecta a la comprensión de la naturaleza del conflicto sudanés, como en lo que respecta a lo que deberían ser las estrategias de paz y recuperación en un país que atesora enormes riquezas en su subsuelo mientras sus pueblos mueren de hambre y perecen en la guerra.

Primero: El medio ambiente no es un margen — El contexto y la paradoja implícita

Cuando el mundo habla de Sudán hoy en día, la atención se centra en las aterradoras cifras de desplazamiento que han superado los doce millones de desplazados internos, en las escenas de hambruna en Darfur, Al Jazirah y Kordofán, y en el colapso total de los sistemas de salud, agua y electricidad. Estas cifras son dolorosas y reales, pero el informe que leemos plantea una pregunta inquietante: ¿Podemos comprender realmente esta catástrofe humanitaria sin comprender la tierra sobre la que tiene lugar?

La respuesta es no. Porque lo que el informe denomina «medio ambiente» no es solo árboles, agua y suelo; es el recipiente en el que subsisten los medios de vida del ochenta por ciento de la población. Es el tejido en el que se entrelazan las relaciones de identidad, pertenencia y propiedad entre cientos de grupos étnicos distintos, y es el pastizal en el que los colmillos de las élites políticas y militares han desgarrado durante décadas. Un bosque no es solo un verdor agradable; es la única fuente de leña y forraje para familias enteras, y es hacia donde el desplazamiento masivo, que huye de las balas, se ve empujado para caer en la trampa de la indigencia. Un pastizal no es solo tierra baldía; es un espacio de negociación, conflicto y coexistencia entre pastores y agricultores desde tiempos inmemoriales.

El informe afirma con notable audacia que el medio ambiente y los recursos naturales en Sudán deben ser un elemento reconocido en las estrategias de ayuda, estabilización y consolidación de la paz, y no seguir siendo un lujo intelectual que se pospone hasta después del final de la guerra. La paradoja es que la guerra misma no terminará a menos que se aborden sus complejas raíces medioambientales y de recursos.

Sin embargo, existe una verdadera tensión epistemológica que el informe gestiona bien: la tensión entre la urgencia de la respuesta humanitaria inmediata y la necesidad de una planificación medioambiental a largo plazo. Es imposible, e incluso moralmente ofensivo, decirle a una persona que se muere de hambre que reflexione sobre el equilibrio ecológico de su dieta. No obstante, la verdadera imposibilidad es alimentarlo hoy sin proteger la tierra que lo alimentará mañana. Entre estas dos imposibilidades, el informe intenta trazar un tercer camino.

Segundo: El legado del agotamiento — Cómo se preparó el terreno para el desastre

No se puede entender lo que sucede en Sudán hoy en día sin rastrear la trayectoria de las políticas que se han implementado en su contra durante décadas. El informe revela que la actual degradación medioambiental no es producto del momento bélico, sino el resultado de acumulaciones sistemáticas cuyas raíces se extienden a la época anterior y posterior a la independencia.

El comienzo se remonta a la Ley de Tierras No Registradas en la década de 1970, que arrebató a las comunidades locales aquello sobre lo que habían construido su existencia durante generaciones, transfiriendo su propiedad al Estado. Luego vino la Ley de Transacciones Civiles de 1984, que otorgó el derecho de usufructo pero mantuvo la soberanía para el Estado, una distinción legal precisa en su redacción pero devastadora en su aplicación. A esto le siguió la abolición de las Administraciones Nativas, desmantelando las estructuras tradicionales que gestionaban los recursos y resolvían los conflictos, dejando a las comunidades ante un aterrador vacío institucional que llenaron la corrupción y el conflicto.

Lo más peligroso de esta trayectoria es que no fue aleatoria. Una lectura atenta revela una clara intención política de desmantelar la capacidad propia de las comunidades locales para gestionar sus recursos, transformando esta tierra en un espacio abierto a la inversión privada nacional y extranjera bajo la bandera de la ambición de desarrollo y la transformación de Sudán en la «canasta de alimentos regional». Las empresas agrícolas y mineras se beneficiaron de esta transformación, mientras que los pequeños agricultores y pastores perdieron sus tierras, su identidad y, a veces, sus vidas.

Las presiones climáticas, que aumentan año tras año, encontraron así una tierra cuya capacidad de absorción y adaptación había sido debilitada. Las comunidades que históricamente afrontaban la extrema variabilidad climática con sofisticados sistemas de resiliencia —desde el pastoreo nómada hasta la gestión tradicional del agua, pasando por la diversificación de cultivos— vieron cómo estos sistemas se erosionaban y saboteaban desde dentro. Así, quedaron expuestas a sequías e inundaciones de forma mucho más grave que antes. Aquí, el informe advierte de forma inequívoca: esta fragilidad no debe reducirse al cambio climático, pues de lo contrario eximiríamos de responsabilidad a las políticas locales y a las élites gobernantes. El cambio climático es un motor real, pero opera sobre un terreno preparado por la mala gobernanza, no sobre un terreno virgen.

Tal vez lo más doloroso que dice el informe sea una descripción proveniente de una de las entrevistas: cuando se les pregunta a los agricultores de edad avanzada cómo eran sus tierras en su juventud, guardan silencio por un momento y luego hablan. Lo que cuentan es otro mundo. Bosques que antes estaban aquí. Ríos que solían fluir. Bondades que saciaban. La imagen que pintan con sus palabras es dolorosamente ajena al paisaje actual. Este declive medioambiental no es un destino natural; es el resultado de decisiones humanas sistemáticas.

Tercero: El petróleo y el oro — La economía de guerra y el Estado de saqueo

Uno de los capítulos más densos y pesados del informe es el que aborda el papel de los recursos naturales de alto valor en la economía política del conflicto. Existe una dinámica recurrente en la historia de Sudán: se descubren recursos naturales, las élites se apresuran a controlarlos, las comunidades locales son marginadas o desplazadas, los ingresos financian armas y milicias, y las zonas de producción se convierten en focos de conflicto y de ataques contra civiles.

El petróleo fue la primera manifestación de esta dinámica. Desde su descubrimiento y la construcción del primer oleoducto a finales de la década de 1990, el petróleo se convirtió en un combustible dual: combustible para la economía y combustible para la guerra. Extensas investigaciones documentaron cómo las regiones productoras de petróleo presenciaron asesinatos en masa y limpieza étnica, mientras empresas extranjeras se confabulaban con un régimen basado en aplastar a quienes vivían sobre esta riqueza. Cuando estalló la guerra de 2023, el control de las refinerías y los oleoductos volvió al primer plano de las estrategias militares, con la consiguiente destrucción de infraestructuras cuyos daños medioambientales se prolongarán durante décadas.

En cuanto al oro, algunos analistas lo han descrito como la maldición que cayó sobre Sudán tras perder tres cuartas partes de sus recursos petroleros tras la secesión del Sur en 2011. Lo que distingue a la economía del oro de la del petróleo es su menor necesidad de infraestructuras pesadas, lo que la hace accesible a un espectro más amplio de actores en el conflicto, desde el ejército regular hasta las Fuerzas de Apoyo Rápido, pasando por redes internacionales de contrabando. Si bien los informes indican que las exportaciones oficiales de oro alcanzaron los mil quinientos millones de dólares durante los primeros diez meses de 2024, se cree que la producción real es mucho mayor, ya que el oro se filtra por las fronteras mediante el contrabando hacia los Emiratos Árabes Unidos y otros países.

El punto fundamental que establece el informe es que estos recursos no solo se explican como causas de conflicto, sino como configuradores de toda la estructura política. Las élites que controlan el petróleo y el oro no quieren un Estado institucional fuerte que les exija responsabilidades; quieren un caos organizado que mantenga los ingresos fluyendo hacia sus bolsillos sin control. Esto explica la elocuente frase de una de las entrevistas: «El problema no es nuestra falta de recursos naturales en Sudán, pues tenemos muchos de ellos; la cuestión radica en cómo se distribuyen». El epicentro de la crisis no es la escasez de riqueza, sino su sistema de distribución defectuoso.

El panorama se profundiza aún más cuando el informe expone las dimensiones internacionales de esta economía política. Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos, Qatar y Kuwait han adquirido conjuntamente casi medio millón de hectáreas de tierras sudanesas desde principios del milenio. El Mar Rojo, bañado por la costa sudanesa, es escenario de una intensa competencia de influencia internacional y estratégica. Los ingresos de la goma arábiga —de la que Sudán produce el setenta por ciento de la necesidad mundial— se han desplomado en un cincuenta por ciento debido a la guerra. Las aguas del Nilo y las presas que las gestionan son una cuestión vital de recursos que se cruza con las continuas tensiones regionales.

Este entrelazamiento internacional no significa que la guerra sudanesa sea únicamente una creación extranjera, pero sí significa que cualquier acuerdo que no tenga en cuenta estos intereses externos seguirá siendo deficiente. A partir de esto, entendemos por qué todos los esfuerzos de mediación han fracasado hasta ahora en lograr un verdadero alto el fuego: los intereses contrapuestos y conflictivos de las potencias regionales e internacionales hacen que cada parte se esfuerce por mantener sus cartas sobre la mesa.

Cuarto: La guerra y su impacto medioambiental directo — Una contaminación que se acumula en silencio

Si bien lo anterior describe las raíces de la crisis y sus preludios estructurales, el informe también se detiene ante el impacto medioambiental directo que deja la guerra en curso desde abril de 2023 en el cuerpo de la tierra sudanesa. Es un impacto que se aclara lentamente, en parte porque el acceso sobre el terreno es casi imposible, y en parte porque nadie piensa en vigilar el medio ambiente cuando la gente está muriendo.

La infraestructura industrial destruida es una fuente primaria de contaminación: incendios en refinerías, derrames de productos químicos y la mezcla del combustible de las instalaciones dañadas con el suelo y las aguas subterráneas. En Jartum, se observa la exposición de los residentes a sustancias altamente tóxicas como los bifenilos policlorados (PCB) presentes en los aceites de los transformadores eléctricos. Los almacenes de pesticidas en el estado de Al Jazirah representan bombas de tiempo químicas. Por su parte, las minas terrestres y los restos explosivos de guerra ensombrecerán a las comunidades locales durante años, ya que les impedirán acceder a sus tierras y recursos hídricos.

El desplazamiento interno —que supera los diez millones de personas— genera una inmensa presión medioambiental sobre las zonas de acogida. La necesidad de energía, calor y cocina se traduce en una deforestación a un ritmo aterrador en un país cuya tasa de deforestación ya se encontraba entre las más altas del mundo, con un 2,4 por ciento anual. La deforestación no solo significa la pérdida de árboles; significa la degradación del suelo, el descenso del nivel de las aguas subterráneas y pérdidas de biodiversidad que serán difíciles de reemplazar en generaciones.

Ni siquiera las reservas naturales se han salvado. El Parque Nacional de Radom, en el sur de Darfur, cuya superficie equivale a la del Líbano, está sufriendo una grave pérdida de su biodiversidad, no por la violencia directa, sino por el colapso de su capacidad administrativa y la proliferación de la minería ilegal que utiliza mercurio, cianuro y tiourea, sustancias altamente peligrosas que envenenan la tierra, el agua y el aire.

La amarga conclusión a la que llega el informe es que la verdadera magnitud de los daños medioambientales infligidos a Sudán sigue siendo incierta, y lo más probable es que haya superado cualquier estimación, y que sus consecuencias sigan interactuando y multiplicándose durante las próximas décadas. Aquí radica un doble desafío: el desafío humanitario inmediato para quienes sufren ahora, y el desafío medioambiental aplazado cuya carga recaerá sobre las generaciones futuras.

Quinto: La trampa de la simplificación — Cuando el medio ambiente se utiliza como pretexto

En el informe llama la atención un tono crítico preciso en relación con la forma en que el discurso sobre el clima se utiliza a veces para explicar el conflicto sudanés. Los investigadores advierten de que las narrativas simplistas que consideran el cambio climático como la causa directa de la guerra pueden haberse utilizado en ocasiones para desviar la atención de la mala gestión de las élites políticas y su explotación de los recursos.

Esta es una advertencia de suma importancia. Culpar únicamente al clima de la guerra consolida una especie de determinismo medioambiental que exime a los actores políticos de la rendición de cuentas, y convierte a los ricos responsables de la toma de decisiones en víctimas de la naturaleza. Esto reformula la crisis de una manera que la convierte en un problema climático técnico que requiere soluciones climáticas técnicas, y no un problema político y de gobernanza que exige rendición de cuentas y redistribución del poder y la riqueza.

Lo más profundo que plantea el informe a este respecto es que la relación entre el clima y el conflicto no es una relación causal directa, sino una relación de condicionamiento y mediación. El clima exacerba las presiones, pero no produce la guerra automáticamente. Lo que produce la guerra es el marco político, económico e institucional que transforma la escasez y la presión en un conflicto armado. Otras comunidades de la Tierra experimentan presiones climáticas similares y no caen en la guerra, porque tienen instituciones que resuelven los conflictos y sistemas que abordan la escasez mediante la cooperación, no la violencia. En Sudán, estas instituciones fueron desmanteladas sistemáticamente.

Esta crítica se extiende a la forma en que operan los mecanismos internacionales de financiación climática, que tienden a enfoques de arriba hacia abajo y dependen de las instituciones del Estado para aplicar proyectos de adaptación. En un país donde apenas funciona una sola institución gubernamental, este enfoque significa simplemente excluir a Sudán y a otros Estados frágiles del sistema de recuperación climática cuando más se necesita.

Sexto: Lo que hacen los sudaneses en la oscuridad — La ayuda mutua y el «Nafeer»

Uno de los capítulos más iluminadores y esperanzadores del informe en medio de la oscuridad general es el que arroja luz sobre lo que las comunidades sudanesas han logrado con sus propias fuerzas a pesar de todo.

La ayuda mutua o «Nafeer», como práctica social profundamente arraigada en la cultura sudanesa, ha sido convocada de nuevo en esta adversidad con un impulso sorprendente. Las redes de voluntarios, las Salas de Respuesta de Mujeres y los comités vecinales fueron, en muchas ocasiones, el único hilo que mantuvo unidas a las comunidades cuando todo lo demás se detuvo. Las cocinas comunitarias (Takaya) proporcionan alimentos. Las redes «Nafeer» reparan la infraestructura hídrica. Los grupos de mujeres atienden las necesidades de mujeres y niñas que normalmente quedan marginadas en contextos de emergencia.

Lo que el informe destaca claramente es que esta respuesta local fue a menudo más fluida, más rápida de adaptar y con un conocimiento más profundo del contexto medioambiental local que la respuesta internacional. El interviniente local sabe que ese valle se inunda en la temporada de lluvias, que ese suelo no es apto para construir un campamento y que esta comunidad no tiene buenas relaciones con esa otra. Este conocimiento es valioso, raro y no se puede importar.

El informe reconoce que el sistema tradicional de ayuda internacional ha tardado en adaptarse a esta realidad, y que a menudo sigue operando con herramientas y enfoques diseñados para otros contextos. La financiación llega con lentitud. Las alianzas con las organizaciones locales siguen siendo, en su mayoría, secundarias y frágiles. Los primeros intervinientes sudaneses se ven abrumados por el trabajo sin los recursos suficientes, mientras se decide en un lugar lejano cómo se gestiona la «intervención humanitaria» en su país.

Sin embargo, el informe no desanima con la crítica, sino que basa en ella recomendaciones prácticas: la necesidad de reconstruir el sistema de ayuda para hacer de las comunidades locales y las organizaciones de la sociedad civil sudanesa socios genuinos y no beneficiarios pasivos. Esto requiere un cambio fundamental en las estructuras de financiación, los mecanismos de asociación y la distribución del poder en el sistema de respuesta humanitaria.

Séptimo: La paz medioambiental — ¿Un concepto o una ilusión?

El informe plantea el concepto de «consolidación de la paz medioambiental» o lo que a veces se denomina en la literatura «paz medioambiental», y lo presenta no como una ideología romántica sino como una herramienta pragmática. Esto se debe a que los recursos naturales compartidos —tierra, agua y pastos—, que a menudo son fuente de conflicto, pueden transformarse en las circunstancias adecuadas en una fuente de cooperación y de construcción de puentes.

En Darfur, años de trabajo de campo produjeron acuerdos prácticos entre pastores y agricultores, y entre comunidades árabes y no árabes, para garantizar la libertad de movimiento del ganado, proteger los cultivos antes de la cosecha y facilitar el intercambio comercial en los mercados regionales. Estos acuerdos no pusieron fin a la guerra, pero mantuvieron vivas las vías de comunicación y el interés mutuo incluso en el apogeo del conflicto.

En Abyei, los mecanismos de paz locales ayudaron a gestionar las tensas relaciones entre los Dinka Ngok y los Misseriya en torno a la migración estacional, relaciones cargadas con el peso de la historia, la identidad y los intereses.

Lo que concluye el informe es que la gestión de los recursos naturales compartidos puede ser un verdadero punto de entrada para los procesos de paz locales, porque se ocupa de las necesidades diarias que las personas realmente comparten, y no de conceptos políticos abstractos que parecen alejados de sus vidas.

Pero el informe advierte que las narrativas importan. Enmarcar los recursos naturales como «fuentes inevitables de conflicto» consagra una visión de confrontación que cumple su propia profecía. En cambio, enmarcarlos como «intereses compartidos» que pueden unir a las comunidades a su alrededor abre posibilidades diferentes. La geografía no decide el destino de las relaciones humanas, sino que son las políticas, las narrativas y las instituciones las que lo deciden.

Octavo: La posguerra — ¿Reconstrucción verde o reproducción de la miseria?

El informe cuestiona seriamente la llamada «recuperación verde», tomando lecciones de otros contextos como el de Ucrania, donde las instituciones internacionales establecieron tempranamente marcos para garantizar que la reconstrucción sea una oportunidad de transición hacia una estructura económica más sostenible, y no una mera rehabilitación del modelo que produjo la crisis en un principio.

En Sudán, la recuperación verde significa cosas tangibles: abordar la contaminación heredada de la guerra, desminar y restaurar las tierras agrícolas, rehabilitar los bosques talados, invertir en energías renovables como alternativa a la dependencia de la leña que acelera la eliminación de la cubierta arbórea restante, y reformar las reservas naturales y los sistemas de gobernanza medioambiental.

Pero una verdadera recuperación verde no se reduce a proyectos técnicos. En primer lugar, requiere reformar el sistema que produjo la catástrofe. Reformar la gobernanza del sector de los recursos naturales y arrebatarlo de las garras de las redes de seguridad militar. Empoderar a las comunidades locales para que gestionen sus recursos en lugar de gestionarlos en su nombre. Garantizar que los ingresos del petróleo y el oro vuelvan al tesoro público y a la recuperación y el desarrollo, y no a los bolsillos de los beligerantes y sus socios internacionales.

Y aquí sale a la superficie la pregunta más difícil que muchos evitan formular explícitamente: ¿Puede haber una verdadera recuperación sin rendición de cuentas? ¿Sin desmantelar las estructuras cleptocráticas descritas por uno de los entrevistados como un «complejo militar-industrial»? ¿Sin pedir cuentas a quienes destruyeron el medio ambiente intencionadamente y lo utilizaron como arma de guerra?

El informe no da una respuesta categórica a esta pregunta, quizás porque no hay una respuesta categórica disponible. Pero reconoce que la época «anterior a la guerra» no era un modelo a imitar al que se quisiera volver, y que una reconstrucción que no corrija los profundos desequilibrios estructurales será simplemente una preparación para una próxima ronda de guerra.

Noveno: ¿A quién pertenece el conocimiento? — El dilema de la investigación y la concientización

Sudán sufre de una grave brecha de conocimiento en relación con el medio ambiente: los datos son escasos, la investigación de campo es casi imposible en condiciones de guerra y la capacidad de investigación institucional se ha derrumbado por el desplazamiento de expertos y el cierre de universidades. En este vacío, la ignorancia toma decisiones que pretenden estar informadas.

Pero el informe se niega a rendirse ante esta realidad y propone alternativas innovadoras: la ciencia ciudadana participativa, donde los propios miembros de la comunidad documentan los cambios medioambientales en sus zonas, pasando de ser sujetos encuestados a socios en la producción de conocimiento. La teledetección mediante tecnologías satelitales para identificar patrones de cambio en zonas inaccesibles. Y el desarrollo de redes de comunicación entre los expertos sudaneses en la diáspora y sus colegas que permanecen en el país.

Sin embargo, el desafío más profundo no solo se refiere a las herramientas de investigación, sino a las estructuras de distribución del conocimiento. El informe señala el fenómeno que denomina «puerta del conocimiento», donde las universidades producen un conocimiento que permanece encerrado entre sus muros y no llega a las comunidades, y donde las autoridades rara vez escuchan los análisis que realiza la gente sobre el terreno. Esta desconexión epistémica no es técnica, sino política en esencia: refleja a quién considera el sistema digno de producir conocimiento y a quién no.

El verdadero cambio requiere que se devuelva la dignidad epistémica a las comunidades locales, y que se reconozca que el conocimiento de un agricultor sobre su tierra o el de un pastor sobre sus rutas no es una opinión popular, sino una experiencia acumulada que ningún modelo matemático puede sustituir.

Décimo: Inclusión desde las bases hasta la cúpula — Sobre mujeres, jóvenes y marginados

El informe vuelve repetidamente sobre la cuestión de la inclusión, y no se conforma con hacer una referencia pasajera y decorativa a ella. Tres cuartas partes de la población de Sudán son menores de treinta años, y estos jóvenes son quienes soportan el mayor peso de la guerra, el desplazamiento y el colapso, y al mismo tiempo son excluidos de los procesos de toma de decisiones sobre su futuro. Como dijo uno de los entrevistados en una frase concisa: «Los jóvenes pueden servir como motores de estabilidad en la sociedad; si llegas a ellos, llegas a toda una sociedad».

Las mujeres soportan una doble carga: son las que más dependen de los recursos naturales para la gestión del hogar y la familia, las que tienen menos posibilidades de acceder a la propiedad de la tierra y al poder de decisión, las más gravemente afectadas por el colapso de la seguridad alimentaria e hídrica, y las más vulnerables a la violencia cuando se prolonga el trayecto hasta las fuentes de agua y leña. A pesar de ello, siguen ausentes en la mayoría de los marcos de planificación y negociación.

Las Salas de Respuesta de Mujeres y las organizaciones líderes de la sociedad civil a este respecto han demostrado una competencia excepcional para abordar necesidades que durante mucho tiempo han sido descuidadas en medio de las emergencias. Lo que dice el informe es que la integración de esta voz en las estructuras de decisión no es una obra de caridad, sino una condición para la eficacia: las estrategias de paz que descuidan a la mitad de la población están condenadas al fracaso.

Conclusión: Cuando la tierra no se separa de los seres humanos

Este informe se sitúa frente a una corriente arraigada que tiende a tratar la crisis sudanesa como una crisis exclusivamente humana —una lucha por el poder, hambre humana y desplazamiento humano— como si la tierra sobre la que se libra todo esto fuera un mero escenario teatral que puede ignorarse. El informe establece de forma sistemática y documentada que este desprecio no solo no refleja la realidad, sino que perjudica a la propia respuesta, ya que las intervenciones que ignoran la dimensión medioambiental a menudo consolidan los daños que pretenden mitigar.

Lo que hace que este informe merezca una lectura atenta no es solo su riqueza documental y analítica, sino su tono equilibrado entre el realismo y la ambición. No promete soluciones fáciles, ni presenta el medio ambiente como una llave mágica que lo abre todo. Pero afirma con insistencia: a menos que el medio ambiente se integre en el núcleo de las estrategias de respuesta, paz y recuperación, estas estrategias no estarán a la altura de la crisis a la que se enfrentan.

Y la crisis, tal como la describe el informe, es el peor desastre humanitario del mundo en la actualidad. Como tal, merece lo mejor del conocimiento humano en cuanto a herramientas, marcos y enfoques, incluidos aquellos que saben escuchar lo que dice la tierra.