El futuro de Sudán pende de un hilo entre un sol que nunca se pone y un Nilo que se desborda.

Una lectura en el Libro de la Naturaleza Sudanesa: El Primer Informe sobre el Estado del Medio Ambiente y Perspectivas 2020… Un documento para la transición y la paz

Las intersecciones entre la política, la economía y el medio ambiente en Sudán se encuentran en una encrucijada histórica, una realidad encarnada de forma profunda y clara por el «Primer Informe sobre el Estado del Medio Ambiente y Perspectivas 2020». Este informe, que lleva el lema «Medio ambiente para la paz y el desarrollo sostenible», no puede verse simplemente como un monitoreo científico o estadístico árido; más bien, es una gran narrativa nacional que documenta las transformaciones geográficas, los desafíos demográficos y las cicatrices de los conflictos grabadas profundamente en el cuerpo de la tierra sudanesa. Preparado en colaboración entre el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y el Consejo Superior de Medio Ambiente y Recursos Naturales, este informe llega en un momento decisivo mientras Sudán tantea su camino hacia adelante, colocando tanto al decisor como al ciudadano frente a un espejo que refleja la realidad ambiental en toda su crudeza y sus desafíos.

El terremoto geopolítico y los cambios demográficos

Quizás el punto de entrada más crucial para comprender este tomo documental es darse cuenta de la magnitud del terremoto geopolítico y ambiental que golpeó al país en 2011. La secesión de Sudán del Sur no fue simplemente un redibujo de mapas; fue una amputación ecológica y económica que alteró el rostro de la vida en el norte. El área de Sudán se redujo en casi una cuarta parte, quedando en 1,88 millones de kilómetros cuadrados, perdiendo así su condición de nación más grande de África. Esta contracción geográfica tuvo un costo elevado, tragándose el 68% de los bosques y tierras arboladas del país, y casi la mitad de sus reservas naturales repletas de fauna silvestre. Las pérdidas no se detuvieron allí, se extendieron para incluir el 57% de las reservas de petróleo, lo que provocó un colapso agudo del PIB per cápita y empujó a la economía hacia espirales inflacionarias asfixiantes. En un abrir y cerrar de ojos, la proporción de tierra clasificada como árida saltó del 65% al 90%, dejando a Sudán cara a cara con una dura realidad desértica.

En el corazón de estos violentos cambios ambientales, el informe pinta un cuadro demográfico que palpita con ansiedad. Estamos ante una nación joven con una población en rápido crecimiento, estimada actualmente en alrededor de 44 millones, con proyecciones que alcanzarán los 57 millones para 2030. Esta explosión demográfica, donde jóvenes y niños constituyen la abrumadora mayoría, genera una presión inmensa sobre recursos naturales en constante disminución. Una de las manifestaciones más peligrosas de esta presión es el fenómeno de la expansión urbana descontrolada, donde las ciudades, principalmente la capital, Jartum, se extienden hacia afuera, devorando tierras y agotando servicios. El crecimiento maligno de la capital no es producto de la prosperidad económica, sino esencialmente de la migración forzada dictada por oleadas de sequía y desertificación, exacerbadas por los flagelos de los conflictos armados en regiones como Darfur y Kordofán. Hoy, solo Jartum absorbe más del 40% de la población urbana del país.

El nexo pobreza-medio ambiente y los desafíos estructurales

El informe profundiza en la relación orgánica y trágica entre la pobreza y el medio ambiente. En un país donde casi la mitad de la población vive por debajo del umbral de pobreza, recurrir al agotamiento de los recursos naturales se convierte en una cuestión inevitable de supervivencia. Este agotamiento se manifiesta en sus formas más feas a través de una dependencia excesiva de la biomasa, específicamente leña y carbón vegetal, para satisfacer las necesidades energéticas domésticas. El informe emite una advertencia clara de que esta dependencia, que proporciona más de la mitad de la energía del país, está conduciendo a los bosques hacia una aniquilación sistemática. Se espera que el consumo anual de leña salte a 30 millones de metros cúbicos para 2030, una cifra que representa una sentencia de muerte para la cobertura vegetal restante a menos que políticas decisivas intervengan para alterar esta trayectoria.

Este agotamiento va acompañado de desafíos estructurales dentro de la arquitectura de la administración y la gobernanza ambiental. Aunque Sudán goza de un sistema federal de gobierno que distribuye el poder entre el centro y los estados, el informe revela profundas brechas de coordinación y una debilidad crónica en la aplicación de la ley. La legislación estatutaria se entrelaza con costumbres y tradiciones locales, especialmente en lo relativo a la propiedad de la tierra y las rutas de pastoreo, creando un entorno legal complejo que a menudo es un punto focal de conflictos, particularmente entre agricultores sedentarios y pastores nómadas. Se ha hecho evidente que reformar la gobernanza ambiental y aclarar los derechos de usufructo de la tierra no son meros requisitos administrativos, sino los pilares fundamentales de cualquier proyecto nacional que aspire a establecer una paz sostenible.

Geografía climática y degradación ecológica

La narrativa ambiental de Sudán queda incompleta sin detenerse extensamente en su atmósfera, esa vasta extensión que dicta con dureza los detalles de la vida diaria y moldea el ritmo de la agricultura y el pastoreo en el país. El informe nos confronta con una realidad climática estricta; Sudán se sitúa en el borde norte del cinturón de bajas presiones conocido como la Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT). Carece de grandes masas de agua interiores para moderar su clima, y en cambio extrae su humedad de vientos marítimos del sur que soplan desde océanos distantes como el Índico y el Atlántico. Esta geografía climática crea un contraste agudo que remodela el mapa socioeconómico. Mientras las regiones del norte, como Wadi Halfa, se encuentran al borde de una sed eterna con lluvias casi inexistentes y temperaturas de verano que alcanzan los 45°C, las regiones del sureste como Ad-Damazin disfrutan de una temporada de lluvias que se extiende durante ocho meses con tasas de precipitación que alcanzan los 692 milímetros anuales.

Entre estos dos extremos se encuentra el sustento de millones de sudaneses que son rehenes de los caprichos del cielo. Sin embargo, este cielo ya no es tan generoso como antes. El cambio climático ya no es un lujo intelectual debatido en salas de conferencias, sino una realidad diaria que tritura los huesos de agricultores y pastores. Los datos que abarcan de 1980 a 2016 monitorean un aumento inquietante de las temperaturas máximas y mínimas en la mayoría de las estaciones de observación, junto con una disminución de las tasas de lluvia y una mayor volatilidad en sus patrones. Este violento cambio climático está empujando las zonas agroclimáticas de manera constante hacia el sur, amenazando a las tierras del norte con una exclusión gradual de la viabilidad agrícola. Amenaza con el colapso de los rendimientos de cultivos básicos como el sorgo y el mijo, así como con la contracción del cinturón de la goma arábiga, una arteria económica vital. Las repercusiones del cambio climático no se detienen en la seguridad alimentaria sino que se extienden para presagiar desastres sanitarios horribles. Los estudios indican que el aumento de las temperaturas en regiones como Kordofán podría expandir peligrosamente la propagación de la malaria para 2060, creando un entorno incubador para otras enfermedades como la meningitis y la leishmaniasis.

La crisis de la tierra, la agricultura y el pastoreo

Del cielo a la tierra, el informe disecciona el cuerpo de la masa terrestre sudanesa, el 72% de la cual es tragado por el desierto. En las áreas restantes, Sudán posee teóricamente unos 68,2 millones de hectáreas de tierra cultivable, pero la dolorosa paradoja radica en que lo que realmente se cultiva no supera los 20 millones de hectáreas. Estas tierras, cuyos suelos varían entre arcilla pesada en las llanuras centrales y frágiles suelos arenosos (Qoz) en Kordofán y Darfur, están sometidas a un agotamiento sistemático.

La agricultura mecanizada de secano, introducida en la década de 1940 y que hoy se extiende sobre un área que supera los 6,7 millones de hectáreas, se ha convertido en una herramienta de destrucción ambiental. La ausencia de rotación de cultivos, el monocultivo, el uso de maquinaria pesada que compacta el suelo, junto con la tala indiscriminada de árboles, son factores que han hecho de la agricultura mecanizada una práctica insostenible que drena la fertilidad del suelo y lo empuja hacia la desertificación. El panorama se vuelve más sombrío al constatar que vastas extensiones de estos esquemas mecanizados, como en el estado de Sennar donde los proyectos no regulados representan el 70%, operan fuera del paraguas de la supervisión y planificación gubernamental, profundizando así las heridas de la tierra.

Esta hemorragia territorial no se limita a la agricultura sino que se extiende a las complejidades del pastoreo nómada. Sudán alberga una de las mayores concentraciones de pastores tradicionales de África, que constituyen alrededor del 13% de la población y poseen una riqueza ganadera masiva que supera los 108 millones de cabezas de camellos, ovejas, cabras y vacas. Estos pastores, que cruzan cientos de kilómetros a lo largo de rutas históricas en busca de pasto y agua, se encuentran hoy atrapados entre el martillo de la expansión agrícola mecanizada y el yunque de la sequía y la degradación de los pastizales. El cierre de las rutas de pastoreo y la disminución de las tierras pastoriles disponibles han encendido conflictos sangrientos con agricultores sedentarios, conflictos que adquieren un carácter catastrófico en regiones como Darfur y Kordofán, complicando aún más el panorama de seguridad y social.

En lo profundo de todos estos conflictos yace una falla estructural en las leyes de tenencia de la tierra. Sudán experimenta un estado de esquizofrenia legal entre legislaciones estatales estatutarias, como la Ley de Tierras No Registradas de 1970 y la Ley de Transacciones Civiles de 1984, que otorgan al Estado la propiedad absoluta sobre tierras baldías y bosques mientras consideran a los individuos meros usufructuarios, y las leyes consuetudinarias y tradiciones tribales que otorgan a las comunidades locales un derecho histórico a gestionar sus tierras y recursos. Esta colisión entre la autoridad estatal y la legitimidad tribal ha creado un vacío institucional explotado en acaparamientos de tierras a gran escala. El gobierno ha abierto las puertas de la inversión agrícola a empresas extranjeras de estados regionales e internacionales, concediendo millones de hectáreas en movimientos que a menudo ignoran los derechos de las comunidades locales, produciendo mayor marginación y conflicto. Esto demuestra que la tierra en Sudán no es meramente barro y arena, sino un repositorio de identidad, soberanía y supervivencia.

Agua, costas y biodiversidad

Si la tierra sufre por agotamiento y disputa, el agua en Sudán vive la paradoja de la escasez en medio de la abundancia. Aunque el río Nilo atraviesa el país, proporcionando el 73% de su agua dulce, y a pesar de las abundantes lluvias y aguas subterráneas, como el gran Acuífero de Arenisca Nubia compartido con países vecinos, el informe clasifica a Sudán como un país que sufre un estrés hídrico notable. La cuota anual per cápita de agua no supera los 700 metros cúbicos, una cifra que cae por debajo del umbral de escasez de agua internacionalmente reconocido de 1.000 metros cúbicos. Esta paradoja proviene de una infraestructura débil, una mala gestión de recursos, la pérdida de cantidades masivas de agua por evaporación en las presas, y la crisis del limo acumulado, que ha causado que embalses vitales, como Roseires, Sennar y Khashm el-Girba, pierdan más de la mitad de su capacidad de diseño para almacenamiento de agua. Incluso los cuerpos de agua estacionales (arroyos y wadis) que fluyen abundantemente durante la temporada de otoño se desperdician o causan inundaciones devastadoras debido a la falta de mecanismos adecuados para captarlos y utilizarlos.

En su frente oriental, Sudán mira al mar Rojo con una línea costera que se extiende por unos 853 kilómetros, abrazando una riqueza marina incalculable de arrecifes de coral, bosques de manglares e inmensa diversidad de peces. Estas costas abarcan reservas naturales reconocidas mundialmente como:

Parque Nacional Marino de Sanganeb: el único atolón de coral en el mar Rojo.

Parque Nacional Marino de la Bahía de Dungonab y la Isla Mukkawar: refugios seguros para tiburones, tortugas marinas, dugongos y aves migratorias.

Sin embargo, estos tesoros marinos no son inmunes al alcance de las amenazas. La expansión urbana no planificada alrededor de Port Sudan, la contaminación del tráfico marítimo comercial y los desechos industriales, la sobrepesca y la destrucción de hábitats costeros colocan a este ecosistema único al borde del peligro. Las amenazas no se detienen en las intervenciones humanas directas; el cambio climático amenaza las costas del mar Rojo con el aumento del nivel del mar, el incremento de la salinidad del agua y tormentas intensificadas, amenazando con asfixiar los arrecifes de coral y desplazar a las comunidades costeras, añadiendo así un nuevo capítulo de desafíos ambientales que no se detienen en el borde de la tierra.

Pasando de los recursos hídricos y las costas al corazón de la masa terrestre, el informe abre un expediente de no menor gravedad e importancia: la biodiversidad, que representa la reserva estratégica para la vida en Sudán. Con su ubicación única como puente natural entre el África subsahariana y el mundo árabe, Sudán alberga una diversidad biológica asombrosa que se extiende desde la flora desértica resiliente en el norte hasta las selvas tropicales en el extremo sur y sureste. Sin embargo, esta reserva está sufriendo una erosión silenciosa y horrorosa. La fauna silvestre que una vez vagaba por las llanuras sudanesas en números masivos, como elefantes, jirafas, leones y antílopes, se encontró atrapada en un movimiento de pinza: la caza furtiva sistemática por un lado, y la destrucción de hábitats naturales debido a la expansión agrícola y los conflictos armados por el otro. El informe advierte que muchas especies ya han desaparecido de sus rangos de distribución históricos, y que las reservas naturales existentes, a pesar de su importancia, sufren de una grave falta de financiación y de cuadros humanos cualificados, reduciéndolas a menudo a «parques de papel» que carecen de protección real sobre el terreno.

En este contexto, los bosques de Sudán destacan como uno de los ecosistemas más dañados, habiendo perdido el país vastas extensiones de su cubierta arbórea en las últimas décadas. El papel del bosque en Sudán no se limita a producir madera y goma arábiga; más bien, es la primera línea de defensa contra el avance del desierto, un sumidero de carbono que modera el clima, y una fuente de alimento y medicina para las comunidades locales. Sin embargo, el informe revela una dolorosa paradoja energética: Sudán, que posee reservas de petróleo y capacidades de generación hidroeléctrica, todavía depende de la biomasa (leña y carbón vegetal) para más del 70% de sus necesidades energéticas domésticas. Esta dependencia extrema somete a los bosques a una presión insoportable, ya que millones de árboles son talados anualmente para cocinar, en un proceso de agotamiento que supera la capacidad de regeneración natural de los bosques. La «pobreza energética» en Sudán no es meramente un problema de provisión de servicios; es un motor fundamental de la degradación ambiental, donde familias empobrecidas, especialmente en áreas rurales y campamentos de desplazados internos, se ven obligadas a destruir su entorno para sobrevivir, creando un círculo vicioso de pobreza y ruina ambiental.

Colapso urbano y la fiebre del oro

Los desafíos no se detienen en las fronteras del campo y los bosques sino que se extienden a los centros urbanos que experimentan un deterioro aterrador en la calidad de vida. El informe pinta un cuadro sombrío de la realidad ambiental en las ciudades sudanesas, donde la infraestructura de saneamiento y residuos sufre un colapso casi total. En la capital, Jartum, hogar de millones, la red de alcantarillado cubre solo una fracción minúscula de la población, mientras la gran mayoría depende de fosas sépticas que filtran hacia las aguas subterráneas poco profundas, amenazando con contaminar el acuífero del cual bebe la ciudad. El expediente de los residuos sólidos se ha convertido en una crisis nacional; los vertederos informales proliferan en barrios residenciales, los sistemas de clasificación y reciclaje están ausentes, y los plásticos acumulados asfixian las vías fluviales y contaminan el suelo. La falta de planificación urbana adecuada y la afluencia de desplazados a los márgenes de las ciudades han creado cinturones de miseria que carecen de las necesidades ambientales y sanitarias más básicas, haciendo a los habitantes urbanos altamente vulnerables a epidemias y a crecientes riesgos ambientales.

Desde otro ángulo del complejo panorama ambiental, el informe destaca el fenómeno de la «fiebre del oro» que ha barrido Sudán durante la última década. La minería de oro tradicional (artesanal) se ha convertido en una actividad económica masiva que involucra a más de 2 millones de personas y se extiende por la mayoría de los estados del país. A pesar de los rápidos retornos financieros, el informe advierte de una catástrofe ambiental y sanitaria a largo plazo resultante de esta actividad. El uso indiscriminado y excesivo de mercurio, y recientemente de cianuro, en la extracción de oro se realiza sin los más mínimos estándares de seguridad, provocando el envenenamiento del suelo, las aguas subterráneas y el aire, y amenazando las vidas de los mineros y sus comunidades circundantes. Esta «maldición del oro» no solo destruye la salud pública sino que también conduce a la nivelación de vastas extensiones de tierras agrícolas y pastoriles y crea conflictos socioeconómicos por la propiedad de la tierra y los recursos hídricos. Esto demuestra que las ganancias económicas inmediatas de la minería pueden disiparse fácilmente ante los costos exorbitantes de reparar el medio ambiente y tratar a las generaciones futuras.

Conflicto, gobernanza y el laberinto institucional

El capítulo más doloroso del informe es el que aborda la relación recíproca entre el conflicto y el medio ambiente. Durante décadas, Sudán ha sido teatro de guerras civiles devastadoras donde el medio ambiente fue simultáneamente víctima e instrumento. Por un lado, los conflictos llevaron al desplazamiento de millones de personas a campamentos carentes de servicios, ejerciendo una presión explosiva sobre los recursos naturales que rodean esos campamentos, como el agua y los bosques. Por otro lado, los recursos naturales fueron utilizados como combustible para las guerras, ya sea financiando milicias con ingresos de madera y minerales o destruyendo fuentes de agua y granjas como estrategia militar para someter a los oponentes. El informe afirma con claridad inequívoca que ningún acuerdo de paz en Sudán logrará éxito y continuidad a menos que coloque en su núcleo la cuestión de la «justicia ambiental», la rehabilitación de ecosistemas dañados, y garantizar la distribución equitativa de los recursos naturales entre las comunidades locales, lejos de las políticas de marginación y monopolización que alimentaron guerras pasadas.

Las trayectorias de la realidad ambiental en Sudán no pueden entenderse sin sumergirse en el «laberinto» institucional y legislativo que gobierna este expediente, al cual el informe dedica un espacio analítico amplio y profundo. La gestión ambiental en Sudán no es meramente una cuestión técnica, sino un reflejo de la estructura del Estado y su evolución política. Desde el establecimiento del «Consejo Superior de Medio Ambiente y Recursos Naturales» en 1991, Sudán ha buscado crear un organismo coordinador general para unificar esfuerzos dispersos entre los ministerios de agricultura, riego, silvicultura y minería. Sin embargo, el informe expone con audacia la «brecha de poder»: mientras el Consejo posee un amplio mandato teórico, frecuentemente carece de la autoridad ejecutiva y de recursos financieros suficientes para imponer estándares ambientales a sectores económicos poderosos e influyentes. Esta fragmentación institucional conduce a jurisdicciones superpuestas, donde los estados a veces se encuentran confrontando al centro sobre quién tiene el derecho de otorgar licencias mineras o asignar tierras, haciendo del medio ambiente el mayor perdedor en las luchas burocráticas.

En el frente legislativo, el informe analiza la «Ley de Protección del Medio Ambiente de 2001», que representó un salto cualitativo en su momento pero que hoy se ha vuelto inadecuada para seguir el ritmo de los desafíos emergentes. Las sanciones estipuladas en las leyes actuales a menudo no son disuasorias para las grandes corporaciones, y los mecanismos de «Evaluación de Impacto Ambiental» sufren de lagunas que permiten que proyectos ambientalmente destructivos pasen bajo el disfraz del desarrollo económico. El informe enfatiza la necesidad de armonizar las leyes nacionales con el Documento Constitucional que rigió el período de transición, el cual estipuló explícitamente el derecho del ciudadano a un medio ambiente sano y sostenible. Reformar el sistema legal requiere pasar de un «enfoque punitivo» limitado a un «enfoque preventivo» integral que integre la dimensión ambiental en cada decisión económica o política, y asegure la participación genuina de las comunidades locales en la protección de sus recursos, en lugar de marginarlas en favor de los centros de poder.

En un punto luminoso en medio de estos desafíos, el informe destaca el papel vital que Sudán desempeña en los foros internacionales. A pesar de años de aislamiento político, Sudán ha permanecido como parte activa y signataria de los acuerdos ambientales globales más importantes, desde el Acuerdo de París sobre el Clima hasta el Convenio sobre la Diversidad Biológica y la Convención de Lucha contra la Desertificación. El informe ve estos acuerdos no meramente como compromisos de papel, sino como la «puerta de entrada de Sudán» a la comunidad internacional para acceder a financiación verde y transferencia de tecnología ambiental moderna. La participación de Sudán en mecanismos como el Fondo Verde para el Clima y el Fondo para el Medio Ambiente Mundial representa una oportunidad histórica para financiar proyectos de adaptación al cambio climático, reforestar tierras y desarrollar energías renovables. Esto contribuye a aliviar la presión sobre los recursos naturales locales y coloca al país en la senda del desarrollo global sostenible.

Escenarios futuros y la hoja de ruta hacia la sostenibilidad

La sección más preocupante y prospectiva del informe se relaciona con los «escenarios futuros». Los expertos presentan a Sudán dos opciones excluyentes:

El escenario de «continuar como siempre»: Aquí persisten la supervisión débil, la dependencia excesiva de la biomasa y la expansión agrícola mal planificada. Sudán enfrenta un futuro oscuro caracterizado por la desertificación acelerada, la pérdida completa de la cubierta forestal en algunos estados para 2040, y crisis alimentarias e hídricas exacerbadas. Esto conducirá inevitablemente a oleadas masivas de desplazamiento humano y conflictos sangrientos por los recursos restantes.

El escenario de «sostenibilidad»: Esto requiere una voluntad política sólida capaz de implementar la deseada «Revolución Ambiental». Esta es una revolución dependiente de la transición a la energía solar y eólica, la aplicación de agricultura de conservación, la reforestación de millones de hectáreas, y la restauración de la salud de los ecosistemas, asegurando así una prosperidad económica equilibrada que salvaguarde los derechos de las generaciones futuras.

El informe concluye sus capítulos con un conjunto de recomendaciones que representan una «hoja de ruta» para salvar la naturaleza sudanesa. Estas recomendaciones no se detienen en soluciones técnicas sino que se extienden para abarcar reformas estructurales en la arquitectura del Estado y la sociedad. El informe pide el establecimiento de un «Sistema Nacional Integral de Información Ambiental» que cierre la brecha actual de datos y proporcione a los tomadores de decisiones cifras precisas y actualizadas. También enfatiza la importancia de la «Educación Ambiental» para integrar la conciencia ambiental en los currículos escolares y desarrollar las capacidades de jóvenes y mujeres como actores esenciales en la protección ambiental.

El mensaje final del informe es que «la paz y el medio ambiente son dos caras de la misma moneda»; no puede haber paz sostenible en Sudán sin una gestión equitativa y sostenible de la tierra y el agua, y no hay protección ambiental bajo la sombra de guerras y turbulencias.

Sudan First State of Environment and Outlook Report 2020